La gestión del penúltimo presidente del Banco Popular, Ángel Ron, no fue ninguna maravilla. Más bien todo lo contrario y la guinda fue la última ampliación de capital, con números -auditados e inspeccionados por el Banco de España- en las cuentas que una auditoria posterior ha rectificado. Malo. De todo ello se ha hablado mucho, pero su salida del consejo y la colocación de Emilio Saracho a instancias del máximo accionista, el mexicano Del Valle, ha superado todos los despropósitos, por la forma en cómo ha tratado el problema. La sospecha de que lo hizo adrede con el objetivo de cargárselo, va creciendo.
Por ejemplo, Ron ha pasado al contrataque y se ha despachado a gusto en una entrevista al Independiente, poniendo a caldo a Saracho y diciendo cosas muy gordas, que cabe suponer tenga documentadas… por si acaso. Pero, informativamente hablando, pueden echar algo de luz sobre un episodio que ha costado muchos millones a 300.000 accionistas que asistían a la evolución del drama sin voz ni voto.
Dice, por ejemplo, que Emilio Saracho consiguió que surgiera una crisis de confianza en torno a la entidad que llevó directamente a su desaparición. «Sus declaraciones inconcretas generaron alarma en el mercado y provocaron que las acciones se desplomasen un 50% en cuestión de días«, señala Ron, y añade: «Decía que la acción estaba cara, que había que hacerla caer, aunque fuese a costa de asustar al mercado y a las instituciones». Primera acusación gravísima. ¿Bajar la cotización para facilitar la ganancia de dinero jugando a la baja? ¿para que se comprara a precio muy bajo? ¿para crear pánico y ahuyentar a depositantes para forzar lo ocurrido? Pensad lo que queráis, que eso es libre y barato.
Insiste Ángel Ron, en que la intención de Saracho era, principalmente, vender la entidad. “Desde el principio, manifestó su voluntad de meter presión a los supervisores y al poder político para que facilitasen una operación corporativa. Yo advertí que era una estrategia muy peligrosa», señala el ex presidente de Popular. Ron recalca que Saracho quería «claramente» bajar el precio de la acción. «Le advertí que Popular era un banco comercial, no de inversión; que mantener la confianza del accionista y el depositante es vital», recalca.
Desvela que a lo largo de los últimos años, “he tenido contactos con todos los grandes grupos para comprar Popular. (…) La última oferta no vinculante llegó el pasado mes de noviembre. BBVA ofreció 5.500 millones”. De 5.500 millones a un euro en medio año, como depreciación es absolutamente increíble. Segunda acusación también gravísima, la pérdida de valor de la entidad. Cuando se ha “vendido” hay activos materiales, ¿valen un euro?
Ángel Ron también ha criticado el papel «decisivo» de los especuladores en la caída del Popular (ver los post que escribí de los días 9 y 10 de junio) y ha explicado que había advertido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que había que regular estas prácticas y dotarlas de transparencia. «Tengo la sospecha, bien fundamentada, de que accionistas significativos se lucraron poniéndose cortos y recuperaron, de este modo, buena parte de las pérdidas registradas”. Es otra acusación muy fuerte y directa, cuya sospecha está desde el primer día ahí. Es cuestión de ver quien hacia operaciones, aunque no será fácil porque habrá empresas interpuestas y testaferros.
Preguntado sobre el hecho de que la CNMV actúe ahora para proteger Liberbank y no lo hiciera con Popular, Ron apunta que esto «le deja perplejo» y añade que no entiende que se haga en un caso y en otro no. Así lo apuntamos aquí en el post del día 12. Su perplejidad es la de todos los accionistas y que alimenta la sospecha de que aquí puede haber existido un pasteleo enorme con involucraciones varias, que no se si algún día llegaremos a saber en su totalidad.
Mientras tanto, los accionistas que se sienten estafados inician actuaciones. La OCU ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella que se dirige contra los antiguos administradores del Banco responsables de la última ampliación de capital en 2016 y la auditora PwC, a los que acusa de «los presuntos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores».
Afirman no entender –como nadie, por otra parte- lo sucedido ya que la inversión en las acciones de Popular se realizó «sobre una información auditada, pública y supervisada», afirma la OCU». Unos datos que consideran que se ha demostrado que estaba muy alejada de la realidad, ya que incluso hace un mes se cifraba el valor patrimonial de la entidad en 10.777 millones, según documentos registrados en la CNMV. La OCU recuerda que la entidad estaba supervisada por el Banco de España y sus cuentas auditadas de forma independiente.
Pensad lo que queráis. Eso acaba de empezar…
