El gobernador del BdE contó lo que quiso y muchos interrogantes quedaron en el tintero

El gobernador del Banco de España reconoció ayer que la institución se había equivocado en el tratamiento de la crisis. Bueno es que lo haga, pero hacerlo tanto tiempo después ya tiene poco sentido. Lo hubiera tenido hace años, cuando ya se sabía lo que se sabe hoy. Supongo que se ha esperado para ver si el tiempo –que dicen todo lo arregla- hace menos violenta esta aceptación de culpa –matizada, todo se ha de decir- con algunas lagunas muy profundas. Tanto, que debo adelantar que no me gusta lo que dijo, ya que quedó en el tintero la sustancia de muchos errores por omisión y comisión.

Veamos las conclusiones del discurso de Linde. Primero, nuestro Informe señala que el Banco de España no adoptó medidas que hubieran podido, quizá, frenar el gran aumento del crédito al sector privado registrado entre 2001 y 2007, en especial, en los sectores de construcción, promoción inmobiliaria y crédito hipotecario para la adquisición de viviendas. Pero hay que señalar que no existían entonces las normas legales que habrían podido facilitar esa actuación y que otras medidas adoptadas en aquellos años -las provisiones contracíclicas y el tratamiento severo de los llamados “vehículos especiales”- tuvieron eficacia para ayudar a resistir la primera crisis, aunque no fueron suficientes para proteger a nuestras entidades de la segunda recesión que se inicia en 2011.

No creo que diga toda la verdad. El Banco de España es la entidad que debía supervisar a las entidades financieras y podía obligar a las cajas de ahorros a no sobrepasar unos límites determinados de crédito. El no poner un techo a la adjudicación de crédito –perfectamente operativo- fue el gran agravante de la crisis bancaria del país. Este es el punto de partida y el principal. Si no se acepta, empezamos mal!

Segundo, el tratamiento de los problemas más característicos de las cajas de ahorro a  través de los esquemas de mutualización de riesgos  contenidos en los sistemas institucionales de protección (SIPs), no fueron suficientes para resolver los problemas de solvencia y gobernanza de la mayoría de las cajas; tampoco dieron buen resultado algunas innovaciones, como las cuotas participativas con derecho de voto, con las que se intentó resolver, o al menos paliar, las dificultades de las cajas para obtener recursos equiparables a capital.

Cuando se montó el invento de las SIPs se sabía que era tarde y que no se iba a ninguna parte. Se quiso dar a entender que se querían mantener las cajas, cuando se había dicho hace tiempo que no se veían claras sus estructuras (la CE lo dijo) y no era ningún secreto que los bancos deseaban hacerse con el pastel de negocio de las mismas, que entonces era del 50% de los depósitos del país. Las cuotas participativas y demás instrumentos financieros no interesaban a nadie y si se colocaban era con calzador. El final fue el que fue… y que aún no ha terminado. Por cierto, su labor de inspección también dejó mucho que desear según hemos sabido con el tiempo los desmanes que habían hecho muchos de sus ejecutivos. ¿O no?

Tercero, parece claro que el Banco de España estimó que la recesión de 2009 iba a tener lo que los economistas llaman “forma de V”, y no “forma de W”, sin anticipar el fuerte impacto de la segunda recesión sobre la solvencia de muchas entidades de crédito. En este punto debo recalcar, como hace el Informe en diferentes ocasiones, que reconocer el impacto de la segunda recesión es crucial, porque existe una tendencia a ignorarla, como si fuera una incidencia sin importancia cuando fue, realmente, fundamental en el desarrollo de los acontecimientos y en su impacto sobre nuestras entidades de crédito.

Esto es muy grave. El temor a que la recesión fuera en forma de W se había escrito y repetido. En cualquier caso, siempre era una hipótesis de trabajo que tener en cuenta. Y, para evitarlo se podía haber hecho algo más. Cierto que lo peor ya estaba en el cajón y que cada vez era más difícil de resolver, pero los analistas del BdE debieron estar más alerta y prestar más atención a los temores que expresaban muchos institutos privados.

Cuarto, hubo errores de apreciación en cuanto a cómo podrían corregirse los desequilibrios acumulados con la burbuja inmobiliaria, entre otros, los desequilibrios en los balances bancarios. Se pensó que podrían corregirse de forma suave, de forma gradual. La realidad mostró que esta expectativa era demasiado optimista porque la corrección fue rápida, brutal, con consecuencias que aún no hemos superado enteramente.

 

Decir que una burbuja puede corregirse de forma suave al cabo de diez años suena a tomadura de pelo. La burbuja debe evitarse y si no se hace, nunca puede pensarse que se va a reventar de forma gradual y controlada. Evidentemente fueron optimistas como admite, pero el error fue demasiado grave como para dejarlo en la palabra optimistas.

 

Una reflexión adicional –aunque aquí debo decir que el juicio no puede ser contundente, o muy seguro- es que el intento de minimizar a corto plazo el coste de la resolución de la crisis bancaria para los presupuestos públicos mediante un enfoque gradual, enfrentando los problemas según iban apareciendo, podría, en definitiva, haber comprometido un mayor volumen de recursos públicos que un enfoque, digamos, más agresivo o más ambicioso desde el inicio de la crisis. Pero, insisto, esta es una cuestión, un interrogante, que no tiene respuesta exenta de objeciones y de argumentos en sentido contrario. En todo caso, es obvio, el Banco no podía actuar con independencia de la evolución de nuestras finanzas públicas y de las decisiones de otras autoridades.

Aquí pasa la culpa al Gobierno, que también la tuvo. Pero una cosa no quita la otra. Ambos fueron culpables, como la codicia de muchos promotores inmobiliarios o simples ciudadanos que se lanzaron a promover construcciones por su cuenta y riesgo.

Nuestro Informe ha tratado de explicar lo ocurrido, aportar los datos fundamentales, dar cuenta de las decisiones adoptadas, de sus consecuencias y de sus costes, evitando prejuicios y conclusiones poco fundadas, pero no ha ocultado los fallos o insuficiencias que existieron, situándolos en su contexto. En una palabra, nuestro Informe se ha redactado tratando de servir lo mejor posible al interés general.

Echo de menos un mea culpa más honrado. Por ejemplo, su actuación errónea hundió a miles de pymes por falta de financiación y muchos miles de personas perdieron su trabajo. Esos, más que las entidades financieras, han sido los grandes perjudicados de sus errores. Y a ellos no les menciona. El daño –enorme- ya está hecho. Pero más allá de la admisión de errores de Linde, la gran pregunta es, ¿y quién debe pagar por ellos? ¿Quién era el responsable? Con el discurso… parece que nadie