Las pensiones, aunque hoy están en un segundo plano informativo por la importancia del mundo político, siguen ahí, agazapadas como un problema tremendo, que no se aborda. Solo nos acordamos de ellas cuando cada mes se nos recuerda que la cifra pagada a los pensionistas supone un nuevo record y que la llamada “hucha” está a punto de vaciarse. Se escribe algo… y hasta el mes próximo. Sinceramente, creo que debería ser la primera preocupación de todos nosotros. Mirad lo que han hecho en otros países bien cercanos a nosotros –y con un problema quizás no tan acuciante- desde hace años y veréis porque debemos espabilarnos. Por ello, me parece muy interesante el texto que sigue. Se trata del Consenso Económico de PwC, que quiso preguntar en septiembre a los panelistas habituales (114 expertos de diversos ámbitos profesionales y académicos), sobre las posibles soluciones a la amenaza financiera del actual modelo de pensiones públicas en España. Creo que no los necesita en absoluto. La introducción al problema que hacen en PwC es interesante y va bien recordar de vez en cuando algunas de las “patas” originales del problema y sus parches.
Las pensiones están en riesgo en la mayor parte de los países de Europa –especialmente, en España y Alemania–, salvo en Francia que en 1932 introdujo Les Allocations Familiales, subvencionando, de forma creciente, el número de hijos a partir del primero. Este riesgo viene originado, primero, porque la edad de jubilación a los 65 años se estableció en la mayor parte de Europa y en España en 1919, con la Ley de Retiro Obrero de Antonio Maura, cuando la esperanza de vida al nacer era de 33 años y solo un 33% llegaba a alcanzar los 65. Hoy sigue siendo a los 65 años (64 la real) en muchos de los países europeos, aunque en España en 2027 será a los 67 de acuerdo con una nueva ley. La esperanza de vida al nacer en nuestro país es, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2015), de 83 años, siendo la de las mujeres de 86 y los hombres de 80 (la segunda mayor después de Japón) y se ha multiplicado por 2,5 veces desde 1913. Según datos de las Naciones Unidas, también de 2015, la esperanza de vida en España es de 82,3 años, (79,42 y 85,05, respectivamente) la sexta mayor del mundo. Los países europeos están todos entre los 25 más longevos del mundo, oscilando entre 80 años y 83 años.
Segundo, porque, según Eurostat, en 2050 España será el país con mayor esperanza de vida a los 65 años de edad, en mujeres y, el segundo, en hombres. La tasa de fecundidad en España es una de las más bajas de los países desarrollados: 1,32 hijos por mujer fértil, cuando la tasa de reemplazo de la población es de 2,1 hijos por mujer. Finalmente, la tasa de maternidad ha pasado de 28,1 años en 1994 a 30,6 años en 2014. Asimismo, según el INE, en las próximas cuatro décadas habrá 8,7 millones más de personas en edad de trabajar; 8 millones más de personas mayores de 67 años y los mayores de 80 años serán el 18% de la población total.
Tercero, porque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que la hucha de las pensiones se quede sin fondos en 2018 y dado que la deuda pública ya es el 100% del PIB, no será fácil encontrar fondos públicos para rellenarla.
Cuarto, porque las reformas institucionales de 2011 y 2013, con el Factor Institucional y el Factor de Sostenibilidad, no han resuelto el problema con lo que los que se jubilen en 2050 tendrán una pensión un 15% menor que la de hoy. La reforma de 2013 ha introducido, además, el Índice de Revalorización de las Pensiones que obliga a medio plazo a que los gastos del sistema sean igual al de los ingresos, cuando se estima que los gastos en pensiones alcanzarán en 2050 el 16% del PIB.
Por todo ello, piensan los expertos del Consenso de Pwc que el problema demográfico de la sociedad española es una bomba de relojería de efecto retardado, que exige atraer mano de obra inmigrante (el 45,2% de la opinión lo considera “muy importante”) o aplicar incentivos a la entrada de mano de obra femenina (52,9%). Otras terapias conocidas para casos parecidos pasan por reducir el importe de las nuevas pensiones o ampliar la edad de jubilación (soluciones que parecen “importantes” al 38, 5% y 65,4%, respectivamente, del conjunto de los panelistas). De hecho, la opción de aplicar el conjunto de la vida laboral para el cálculo de la pensión solo es defendida por el 30,4% del Consenso.
Para el 63,1% de la opinión, el sistema de reparto actual tendrá que modificar su estructura para garantizar su sostenibilidad. Y, para el 42,6% de los encuestados, ese cambio tendría que realizarse antes de los próximos cinco años. Pero los cambios de modelo apenas tienen apoyo. Sólo el 7,8% de los panelistas defienden la propuesta de sustitución del modelo de reparto por uno de capitalización.
El Consenso es bastante escéptico respecto del alcance las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo: una mayoría clara del 55,6% de la opinión espera que haya recomendaciones de pequeñas reformas para resolver el déficit del corto plazo y solo el 31, 3% de las respuestas confía en que se produzcan sugerencias reformistas de calado.
Por último, el Consenso rechaza con claridad la posibilidad de que la UE estableciese un único modelo fijo posible de sistema de pensiones para todos y cada uno de los países de la UE: solo el 22, 5% de la opinión defiende que el sistema “oficial” sugerido por la CE sea obligatorio en todos los países miembros.
Eso es lo que hay y eso es lo que se piensa que se podría hacer. Pero mientras, nada de nada…
