¿Por qué quieren cambiar de empresa un 15% de los empleados españoles?

 

El análisis de Randstad Workmonitor que se publicó ayer revela que el 15% de los ocupados en España se encuentra buscando activamente otro puesto de trabajo. Por edades, los profesionales más activos son los que se encuentran entre los 25 y 45 años. Un 19% de este colectivo está en busca de una nueva oportunidad laboral para mejorar su puesto actual o compatibilizar ambos empleos, la segunda cifra más elevada de toda la serie histórica, solo superada por la alcanzada en el trimestre anterior (20%).

“Las perspectivas de España para 2017 muestran que la economía y el empleo se están recuperando.  Según las previsiones de Randstad Research, en 2017 se generarán 400.000 empleos en España, lo que supondrá finalizar el año con un volumen de ocupados que superará los 18,9 millones de trabajadores y una tasa de paro del 16,9%. Los profesionales son conscientes de la mejora de la economía y de la reactivación del mercado laboral y quieren mejorar su situación laboral, lo que hace que la tasa de ocupados en búsqueda activa aumente por el aumento de oportunidades de empleo”, explica Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad.

Sin duda la explicación de Luis Pérez es atinada, pero puede que haya otras causas adicionales y no todas de motivación puramente aspiracional y positiva.  Por ejemplo, que se sientan mal pagados en su actual ocupación. Es difícil hacer promedios y generalizar en este punto, ya que hay profesiones muy demandadas y otras en la que normal es la sobrecualificación. También influye el clima que se respira en la empresa o las posibilidades de que funcione bien el ascensor interno. Cuanto menores sean esas, más deseo de cambio habrá, evidentemente.

No se si es porque partimos de una situación peor que en otros países, pero el hecho de que España lidere el ranking de países en que la gente quiere cambiar de trabajo, ha de ser por algún motivo que las empresas no lo hacen tan bien como en otras partes. ¿Por qué sólo el 8% de trabajadores holandeses o alemanes quieren irse de la empresa y aquí es el doble?

Que hay deseos de mejorar en la empresa queda claro, ya que otro de los aspectos que analiza el informe Randstad Workmonitor es la tasa de trabajadores que espera promocionar en su empleo. Actualmente, el 17% de los trabajadores en España está plenamente centrado en ascender en su empresa. Si se tiene en cuenta los profesionales que están totalmente centrados en ascender (17%) junto a aquellos que muestran interés en un ascenso, este porcentaje de trabajadores asciende hasta el 60%. Por países, España se sitúa cuatro puntos porcentuales por encima de la media europea (56%).

Y, ¡ojo!  el informe también tiene en cuenta el nivel formativo de los ocupados a la hora de analizar la tasa de profesionales que espera progresar en su empresa a corto plazo. El análisis muestra que a mayor nivel educativo, mayor es la intención de promocionar entre los profesionales. Concretamente,  el 20% de los trabajadores con estudios superiores espera un ascenso laboral. Les siguen los que disponen de estudios medios (15%) y, por últimos, los de estudios básicos (7%).

Todos estos datos ponen de manifiesto la inquietud de los trabajadores españoles por realizar una mejora o un cambio profesional y, por tanto, la necesidad de las compañías de atraer y fidelizar el talento en sus organizaciones.

¿Hablemos del Cupo Vasco? Euskadi con un PIB per cápita superior en un 10% a Catalunya puede tener un gasto social un 35% mayor

 

Hoy los titulares de la prensa apuntan al inminente acuerdo sobre el Cupo vasco, entre el Gobierno central y el vasco, a cambio del apoyo del PNV a los presupuestos generales de España. Los vascos han jugado bien su carta y se van a llevar una tajada importante. Pero vayamos por partes.

¿Qué es el cupo vasco? Pues es la aportación anual que realiza el País Vasco al Estado en concepto de gastos generales que éste asume por las competencias no transferidas, como Defensa o Casa Real, así como la representación exterior, mantenimiento de las instituciones comunes (Congreso, Senado, ministerios) e infraestructuras (puertos, aeropuertos, AVE).

Y, ¿cómo se calcula? Pues se trata de una contribución del 6,24% del gasto del Estado en esas materias. En su día se fijó en función del peso de la economía vasca en el PIB español. Se renegocia cada cinco años la base sobre la que se aplica, atendiendo al desembolso realizado por el Gobierno central en cada partida de su exclusiva competencia.

Con respecto a las comunidades autónomas de normativa común supone dos diferencias importantes. La primera es que las diputaciones son las encargadas de recaudar de forma directa todos los impuestos en Euskadi o Navarra en su caso. La recaudación o la inspección fiscal no son de la Agencia Tributaria sino propios de Euskadi o Navarra. Y la segunda es que Euskadi y Navarra tienen competencias para aprobar normativa fiscal en casi todos los impuestos Como IRPF, Impuesto Sociedades (salvo IVA e impuestos especiales como alcoholes e hidrocarburos, que corresponde al Estado).

Para entender el mecanismo hay un hecho adicional importante. Debe tenerse en cuenta que lo que paga el País Vasco no depende de los ingresos que tiene, sino de los gastos que tiene el Estado. Por ello si por tener una mejor situación económica tiene más ingresos el resultado es que las administraciones vascas tienen más dinero para gasto/ inversión por habitante. En la actualidad este sistema está beneficiando a Euskadi. Sólo si tuviera una caída fuerte en su economía, mayor que en el resto del estado, la situación empezaría a ser desventajosa para el País Vasco.

¿Por qué se habla de “paz fiscal” de 15 años?  Porque está pendiente la liquidación del Cupo desde 2007  con unos desacuerdos económicos de 1.600 millones de euros que Euskadi considera que ha pagado de más  desde el año 2011. Los vascos consideran que el cupo debería estar en 850 millones anuales, aunque el proyecto de presupuestos del Estado para este ejercicio eleva esa cifra hasta los 1.200 millones. El acuerdo permitiría liquidar los dos quinquenios pendientes y pactar el de 2017-2021 en muy buenas condiciones. Estos tres lustros son los 15 años de paz fiscal de los que se habla.

Las condiciones de vida que permite este sistema de financiación tienen una repercusión muy importante en el nivel de bienestar de la comunidad. Veamos un ejemplo. Según un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre el gasto social por comunidades entre los años 2009 y 2015, la reducción media en el gasto social entre 2009 y 2015 fue en el conjunto de España del 14,5%, aunque no todas las comunidades han aplicado la tijera por igual y hay dos -Castilla-La Mancha y Catalunya- que han recortado sus presupuestos más de un 26%. En el lado opuesto, el País Vasco es la comunidad que menos ha rebajado su inversión social en estos años -un 4,18%-, lo que le permite estar a la cabeza en gasto por habitante: 3.010,97 euros, casi un 40% por encima del gasto medio estatal por persona, que en 2015 fue de 2.158.50 euros. Solo en sanidad el gasto por habitante fue en 2015 de 1.584 euros en Euskadi, frente a una media de 1.232 en España (un 23% más) o a los 1.007 euros, que se dedicaron en Andalucía, (un 36 % menos).

Estos son los datos. Aquí no se puede hablar de solidaridad, sencillamente porque no la hay. Simplemente los vascos viven muy por encima del resto de comunidades, de unas porque su producción es baja e insuficiente y de otras porque les detraen de sus ingresos cifras superiores a las que les tocaría al pasar por la “hormigonera” central que redistribuye los dineros del país. Un solo ejemplo. Euskadi tiene un PIB per cápita superior al de Catalunya en un 10%. En cambio, el gasto social (datos de IVIE y BBVA) per cápita es un 35% superior. Difícil de explicar, ¿no?