Escándalo en la reprivatización de las radiales de Madrid… y nadie se acuerda del coste de su construcción

Hasta ahora el negocio de las autopistas (y otras obras públicas) era conocido. No creáis que estaba en el peaje ni en la concesión, sino en la construcción y, en muchos casos, en la expropiación de los terrenos. A lo largo de muchos años se ha venido hablando de eso y poco se ha hecho para corregirlo. “Mire, pido un crédito, construyo caro y tengo garantizado cobrar aunque el cliente no saque el dinero previsto de los peajes. Ya se hará cargo otro. Y evidentemente, cobraré, que es lo importante” Claro, lo pagamos entre todos, a través del Estado. Se sanea y cuando ya lo está, se reprivatiza para que “el coste del rescate sea menor”.  “Oiga, que nos ahorramos el mantenimiento”, dicen en Hacienda.

El notición saltaba ayer en Europa Press con este titular: “Fomento sacará a concurso las autopistas que rescate para evitar su impacto en las arcas públicas”. En efecto, según dijo el ministro De la Serna, el Ministerio de Fomento no se quedará con las autopistas en quiebra que tenga que rescatar, sino que las sacará de nuevo a concurso para volver a ceder su explotación a empresas privadas, gracias a que actualmente vuelven a ser viables. El Departamento que dirige Íñigo de la Serna obtendrá así recursos para afrontar «en gran medida» el coste de la responsabilidad patrimonial de la administración. De esta manera el Departamento que dirige Íñigo de la Serna obtendrá recursos para afrontar «en gran medida» el perverso y difícilmente comprensible coste de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que supondrá su rescate y así evitar que recaiga todo el peso en las arcas públicas. La RPA es el importe que la Administración debe abonar a los actuales concesionarios de las autopistas en el momento en que reviertan al Estado por la inversión que realizaron en su construcción, una ‘factura’ «inferior a los 3.000 millones de euros»,  según el ministro, pero que el sector calcula en unos 5.000 millones.
Desde hace un par de meses sabíamos que la mayor actividad de la economía  tenía su repercusión directa en un mayor tráfico en las autopistas, entre ellas, las polémicas radiales de Madrid y otras en peligro. Así, las nueve autopistas de peaje en quiebra elevaron su tráfico entre un 4,20% y un 18,7% en enero en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior, según los datos oficiales del Ministerio de Fomento.

Estas vías arrancan el ejercicio con un crecimiento igual o superior al aumento medio del 4,39% que se anotó el conjunto de la red de pago, que saldó enero con un tráfico de 14.572 vehículos diarios. De esta forma, la red de autopistas española mantiene la tendencia de incremento del número de usuarios después de que cerrara 2016 con un aumento del 5,68% y encadenando tres ejercicios al alza.

Bien, ya veremos en que acaba esto, pero hay tres aspectos que no acaban de cuadrar. El primero es el de la RPA.  Se trata de un paraguas que ofrece la Administración si los resultados de la inversión realizada en una obra pública suponen pérdidas para la empresa. Pasó con el Castor y con los túneles de la Junquera, una desaladora de Murcia y ahora con las autopistas radiales de Madrid. Un fallo de cálculo en el tráfico, una cifra alta de construcción y expropiación, todo puede valer para que el paraguas del Estado (ojo, todos nosotros, impuestos mediante) resarza a la compañía, que con esta cláusula juega con riesgo cero. En el Confidencial se trataba este tema hace ya tiempo y se afirmaba que eso está en vías de solución ya que “en un próximo futuro el Estado sólo asumirá los costes que se deriven de sus propias decisiones, de manera que las empresas concesionarias tendrán que pagar los platos rotos cuando un proyecto fracase por motivos ajenos a la Administración Pública”.

Los otros dos aspectos que resultan difícilmente comprensibles deberían estar en vías de resolución a través de la nueva Oficina Nacional de Evaluación que según el Ministerio de Hacienda “garantizará la eficiencia y sostenibilidad de las inversiones públicas del Estado, Corporaciones Locales y CCAA”, se supone que en los puntos mencionados: cálculos previsionales y costes.

 

La inversión ejecutada en infraestructuras en Catalunya fue el 9,9% de la española en 2015

 

“Andalucía y Cataluña, donde más ha invertido el Estado desde 2008”. Este era el titular engañoso que ofrecía el rotativo madrileño “El Mundo” esta semana. ¿Dónde está el engaño? En realidad es triple. Por un lado, habla de valores absolutos, lo cual implica que las mayores comunidades reciban más dinero y, por otro, se trata de inversiones presupuestadas, no de las realmente ejecutadas. Sin tener en cuenta, además su comparación con el peso de la economía catalana en la española. A través del twitter, el profesor Germà Bel daba ayer una atinada respuesta crítica al artículo en cuestión.

Me gustaría ir un paso más allá y recordar una serie de datos que la Cambra de Comerç de Barcelona hacía públicos en un informe sobre las infraestructuras en Catalunya el pasado mes de noviembre. El citado titular no dice la verdad, y precisamente en un año muy especial, ya que “en 2015 (último año del que hay datos) se registró el peor balance de la historia en las inversiones del Estado en Catalunya”, según la Cambra. En realidad solo se ejecutó un 59% del gasto presupuestado en infraestructuras. El dato es más impactante al comprobar como en este mismo año, la ejecución de obras por parte del Estado en Madrid, Cantabria y Castilla la Mancha supera el 100% de lo presupuestado.

Pero, sin duda, el dato más relevante del citado estudio está en el peso con respecto a España que tiene Catalunya en la inversión del Estado EJECUTADA en infraestructuras desde 2004 a 2015.

El punto más destacable es que en este periodo ni en un solo año el porcentaje de inversión ejecutada en Catalunya alcanza esta cifra y en los últimos cinco años está por debajo de la participación catalana en la población española. El punto más bajo se registra en 2015 con el 9,9% de la inversión regionalizada ejecutada en España. Es decir, Catalunya ha recibido la MITAD de lo que le tocaría si, como es lógico, recibiera inversiones en proporción al peso de su economía.

Si nos centramos en la inversión ferroviaria, el porcentaje de inversión ejecutada sobre la presupuestada es del 5% en 2015 en RENFE (trenes)  algo que fue generalizado en todas las CCAA. ADIF (vías), por su parte ha tenido un grado de ejecución más alto, pero se ha quedado en el 27% del previsto.

Me parece que los números son más expresivos que las palabras. Huelgan, pues, más comentarios