Según los datos elaborados a partir de Eurostat, los ingresos públicos de España en 2015 están al nivel de 2000: en torno al 38% del PIB. Esta cifra está muy lejos del 45,5% del PIB de la media de la Unión Europea y, además, supone una caída de casi tres puntos desde 2007. Ese es el gran problema de España, aunque nos vendan que gastamos demasiado. Durante la crisis hemos ajustado hasta tocar hueso. Tenemos un estado del bienestar de segunda división y el problema es que no recaudamos bastante, a pesar de que la actividad mejore. ¿Qué pasa? ¿Tenemos tipos impositivos más bajos que nuestros vecinos? NO, simplemente la efectividad de recaudación es muy baja. Los que pagamos, pagamos más que nuestros vecinos, pero hay más gente que no paga o paga menos de lo que tocaría. Por un lado, está la economía sumergida que se estima en una cifra alrededor del 20% del PIB, luego los tipos reales de muchas empresas grandes –siempre hablamos del Ibex, pero son más- que, gracias a las desgravaciones, acaban siendo mucho más bajos y, por supuesto, todo el dinero que escapa a través de las multinacionales, a base de argucias legales, pero no legítimas. Europa parece ponerse seria en este punto, harta de que el dinero acabe convergiendo en Irlanda y Luxemburgo, principalmente, donde la tributación es más baja, y, en casos, “a medida”.
Hoy he leído un artículo en El Economista sobre el tema que no explica nada que no supiéramos, pero pone el dedo en la llaga y escuece. Pone un ejemplo que es diáfano. Según el diario, en 2016, 5,4 millones de personas utilizaron Airbnb para hospedarse en España. La plataforma tiene colgados unos 187.000 anuncios de viviendas para alquilar y, según sus propios datos, los anfitriones o dueños de las casas generaron 560 millones de euros en ingresos. De esta facturación, Airbnb se lleva un 3% de comisión, a lo que hay que sumar el 10 ó 12% que cobra al huésped por cada reserva. Es decir, la plataforma digital generó decenas de millones de euros en España el año pasado, pero sólo pagó 55.211 euros por el impuesto de sociedades, tras reconocer una facturación de apenas 2,92 millones de euros por trabajos de promoción y marketing, que le paga la filial irlandesa Airbnb Ireland.
Así, la multinacional online factura sus ingresos españoles a través de la firma en el Tigre Celta, donde centraliza su negocio europeo debido a los menores impuestos. La estructura que usa Airbnb en la UE, que es totalmente legal, es la misma que utilizan la mayoría de las grandes plataformas digitales que operan en nuestro país y da cuenta de la cantidad de ingresos que se le escapan al fisco cada año…
El mecanismo es bien conocido. Se basa en presentar como meras comisionistas a las filiales establecidas en países como el nuestro. En consecuencia, no tienen más ingresos declarados que los pagos, por prestación de servicios, que reciben de sus matrices, registradas en Estados de baja tributación como Irlanda. Se dan así situaciones insólitas como que las nueve principales empresas del sector, en 2015, pagaron a la Hacienda española sólo 2,8 millones en total.
Hace tres años estalló el Luxleaks, ¿os acordáis? Se destapó que unas 350 grandes empresas, entre ellas Pepsi, Ikea, AIG, Fiat, Amazon, JP Morgan, Heinz, Burberry, PIMCO o Deutsche Bank, habían firmado acuerdos secretos con Luxemburgo para rebajar sus impuestos, de acuerdo con documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Algo se ha avanzado desde entonces, pero no suficiente. Las reticencias y frenos de todo tipos son grandes porque las grandes empresas tienen mucho a perder. Si esperamos a que Bruselas lo arregle… Los consumidores tenemos algo que decir. Si la lista de empresas que no pagan aquí los impuestos sobre beneficios que generan aquí, pues se dejan de lado y punto. Si hubiera una campaña bien montada y se concienciara al personal que comprar en X implica menos dinero para la sanidad, seguro que compraríamos en Y. Este camino sería el más rápido ya que las correcciones vendrían de las propias empresas y no se precisarían legislaciones nuevas ni advertencias gubernamentales. Pero, no es fácil, porque los consumidores no hemos adquirido todavía conciencia del poder que tenemos si somos capaces de organizarnos.
