Desde que estudiaba economía siempre me ha fascinado la idea de la economía sumergida y su cálculo. Han pasado muchos años y la tecnología ha aumentado una barbaridad, sin embargo, calcular la economía oculta, cifrarla, sigue siendo si no tan difícil como entonces, sí muy difícil de atinar. Siempre recuerdo el ejemplo que me explicaban en clase de Nápoles, donde en su puerto se cargaban cajas y cajas de guantes de piel, mientras no había ninguna empresa registrada en los alrededores. Sí, ya sé que Italia es el paradigma de la economía oculta, pero esa no es la cuestión. Cómo averiguar qué valor tenían, esa sí es la cuestión. O el de circular hace unos cuantos años por calles con poco alumbrado de alguna ciudad del Vallès por la noche y oír telares en marcha tac-tac-tac-tac sin que hubiera fábrica alguna a la vista. Quien sabe cuánto producían…

Hoy Piergiorgio Sandri publica un interesante artículo sobre el tema en La Vanguardia. Comenta estos problemas a raíz de un estudio del IAW de la Universidad de Tubinga, en Alemania, uno de los institutos más reputados a la hora de calcular el peso de la economía en la sombra en los distintos países. El Foro Económico Mundial de Davos esta semana acaba de hacerse eco de sus resultados, que recogen datos recopilados entre los años 2014 y 2016. Los tres grandes países del área del Mediterráneo –Italia, España y Grecia– pueden presumir de tener el porcentaje más elevado de transacciones económicas sin declarar. En este caso, un 21,5%, un 19,8% y un 17,2% del PIB, respectivamente.

Evidentemente, la economía sumergida es un fenómeno complejo y difícil de estimar, tanto por la controversia existente respecto a las actividades que en ella se recogen, como por su deliberada ocultación por parte de quienes desarrollan este tipo de actividades. Estas circunstancias provocan que su medición sea costosa y que existan divergencias muy grandes en los resultados obtenidos. En España, va desde este 17,2% al 24,6% que estimaban los miembros de GESTHA hace un tiempo. Lo cierto es que no lo sabemos, por ello hay que ser humildes al respecto.

Me ha interesado un trabajo de grado realizado en la Universidad de Valladolid a finales del pasado año, en el que su autora -Clara Peiret García- exlica muy bien los métodos actuales de cálculo, ya sea directo, indirecto, por encuestas o por modelos y examina de una forma rigurosa y académica los pros y contras de cada uno de ellos, concluyendo que entre todos nos pueden ayudar a aproximarnos a la realidad, pero no a saberla. En España, cabe destacar que el nivel de economía sumergida ha descendido en los últimos años aunque la crisis económica de 2008 afectó de forma negativa e incrementó su volumen. Peiret desgrana por sectores y territorios las diferencias que hay en España.  Actualmente, dice, las cifras rondan el 20% del PIB. Por comunidades autónomas, es notable la relación directa que existe entre desempleo y economía sumergida, siendo Andalucía, Extremadura y Canarias (entre el 27 y el 30% de economía sumergida) las regiones peor situadas. La situación de estas comunidades contrasta con la de otras regiones como la Comunidad de Madrid (16%), Cantabria o Aragón, lo que implica que existen grandes divergencias interregionales. Aquí estaría apuntando algo que siempre se ha dicho en voz baja y es de sentido común: que el paro que da la EPA al no tener en cuenta esta realidad, estaría sesgado al alza.

Luego, analizada por sectores, afirma que  la economía sumergida se concentra en determinadas actividades, entre las que destacan la construcción, el comercio, los servicios de reparación y la hostelería. La importancia de estos sectores sobre el PIB de la economía española puede explicar el elevado número de puestos de trabajo en el sector irregular que se han generado en los últimos años, superando en 2008 los 4 millones de trabajadores. Cabe destacar que, igual que en los mercados de trabajo oficiales existe dualidad, en el mercado laboral sumergido no todos los trabajadores se encuentran en las mismas condiciones. Sin embargo, todos ellos tienen en común que parte o la totalidad de su sueldo no es declarado a las autoridades y que por tanto, perderán derechos sociales.

Por último, recuerda aquello tan manido de que la economía sumergida, supone un colchón para quienes sufren situaciones de desempleo y sobre todo, desempleo de larga duración –algo que se ha esgrimido en multitud de ocasiones para justificar la vista gorda de las autoridades-  afectan al conjunto de la sociedad y a quienes defraudan, por la pérdida de derechos que ello les supone y al resto de ciudadanos, a través de la merma en el volumen y/o en la calidad los servicios públicos.

Añade un dato que me ha parecido interesante, ya que desmiente otro de los tópicos que se usan a menudo: el de la correlación entre presión fiscal y economía sumergida. A pesar de que suele afirmarse que a mayor nivel de presión fiscal, mayor será el volumen de economía sumergida, el análisis de los datos disponibles para los 28 países que conforman la Unión Europea revela que los países con niveles de presión fiscal más elevados cuentan, precisamente, con niveles de economía oculta muy inferiores a la media. Esto significa que la presión fiscal por sí sola no determina el volumen de economía sumergida, sino que intervienen otros factores como el uso que se haga de los recursos fiscales, la progresividad del sistema, o la propia moral fiscal de los ciudadanos.

Creo que en España se unen tres factores que ayudan a la economía sumergida en estos momentos. Por un lado, el cultural. En España aún no estamos convencidos de la moralidad de pagar impuestos. Ciertamente ha mejorado en los últimos años, pero no pagarlos no ha estado mal visto socialmente, sino a veces, todo lo contrario. Que hemos de superar la moral del Lazarillo de Tormes, vaya. Un segundo punto es que viendo el nivel de corrupción entre los políticos que existe en el país, mucha gente lo tome como excusa para autojustificar su ya de por su laxa moral en este sentido. Digamos que no ayuda a moralizar en este sentido a la gente, el comportamiento de muchos de sus dirigentes. Y hay un tercero, muy real, que es el de aquellas empresas marginales –y son muchas- que no podrían sobrevivir en la economía actual al aire libre. A causa de sus bajísimos márgenes. Solo pueden hacerlo a base de trabajar en falso. Aquí tenemos un problema grande, desde hace muchos años.

En La Vanguardia de hoy, Carles Castro hace un examen de algunas de las desigualdades que hay en España y como algunas suponen un agravio comparativo para Cataluña, entre lo que aporta a España y lo que recibe de ella. Dedica una parte de su artículo al punto que más quema en Cataluña: las infraestructuras. Hablando del tren, comenta la existencia de un modelo radial que permite viajar en alta velocidad de Cuenca a Albacete o de Segovia a Zamora, pero no de Valencia a Barcelona (donde todavía queda algún tramo de vía única como ocurría en buena parte de las líneas entre Zaragoza y Barcelona antes de la apertura del AVE).  Con todo, dice que el mayor agravio, el que más nota el ciudadano, es en las carreteras. Todos sabemos que habitualmente entras o sales de Barcelona, pagando. Así, dice que con datos del 2015, la correlación entre autovías libres y autopistas de peaje brinda la mejor imagen del agravio comparativo. Mientras Catalunya cuenta con la red de pago más extensa de España (633 kilómetros, cuatro veces más que Madrid, el triple que Andalucía y ambas Castillas o el doble que Galicia, cuya superficie es similar), sus kilómetros de autovía (815) suponen casi una tercera parte de los construidos en Andalucía o Castilla y León, la mitad que en Castilla-La Mancha y sólo un 30% más que en Madrid, pese a que Catalunya cuadruplica su superficie. Y otro ejemplo vistoso de la discriminación inversora se aprecia en el trato que recibe el aeropuerto de Barcelona en contraste con el de Madrid, pese a que El Prat registra un tráfico de pasajeros (44 millones anuales) muy cercano al de Barajas (50 millones) y unos resultados (339 millones de euros) muy por encima de los de Madrid (27 millones). La inversión en Barajas para los próximos cuatro años, en cambio, triplica la destinada a El Prat.

Siguiendo el hilo, me gustaría ir un paso más allá, desde un punto de vista estrictamente económico. Mirad, Cataluña ha realizado un enorme esfuerzo en un apartado vital para su economía: la internacionalización de sus empresas. Hoy las exportaciones son, sin duda, la bandera del éxito conseguido en este terreno. En el primer semestre han crecido un 9,5% respecto al mismo período del pasado año y desde el año 2000 hasta hoy, prácticamente se han doblado. Algunos apuntan que la pasada crisis –sobre todo en la demanda interna- ha obligado a salir al exterior a las empresas catalanas. Eso no es cierto. Desde el año 1995 al 2000 se doblaron y desde el 2000 al 2017 se han vuelto a doblar. Ha habido un crecimiento desde muchos años atrás, ya que desde hace mucho se había convertido en el objetivo principal, una vez alcanzado un nivel de calidad en los productos que era competitivo con los mejores. En estos años, las exportaciones catalanas ganan cuota de mercado en el mundo y entre los países adelantados desde 2014, indicativo de un aumento de la competitividad. Y un hecho que no puede ser pasado por alto, se está produciendo un proceso de sustitución de importaciones por producción interna derivada de una mejora de la competitividad.

Sin duda, el reto de la economía catalana es que crezca la base de empresas exportadoras regulares, que son las responsables del crecimiento de exportaciones del país y las que se acaban integrando en las cadenas de valor global. Durante el pasado año, más de 16.600 empresas catalanas han exportado de manera regular. Se trata de compañías que han vendido en el exterior durante los últimos 4 años de manera consecutiva. Actualmente hay 3.424 empresas exportadoras regulares más que el 2011, y un 34% de las compañías exportadoras regulares del Estado español son catalanas. En realidad, se ha alcanzado un número récord de empresas exportadoras regulares, que ha aumentado un 40% entre 2003 y 2016 y el 31% de ellas exportan más 500.000€. La base sigue creciendo y lo ha de hacer mucho más.

Bien, estos son datos que han sido conseguidos con un enorme esfuerzo. Para ser competitivos, el producto ha de ser muy bueno, el precio también, la gente ha de estar muy preparada y para amalgamar todo ello ha de haber existido una inversión en tecnología importante. Todos estos pasos se han hecho, incluso la inversión extranjera ha colaborado y no poco. Sabéis que no es correcto en este apartado comparar un año con otro, ya que una gran inversión puede desvirtuar la comparación. Por ello se han de tomar períodos. Pues bien si tomamos, por un lado, la media de 1993-2009 y la comparamos con la de 2010-2016 resulta que prácticamente se ha doblado, alcanzando un máximo histórico en 2016. Son datos de la Memòria Econòmica de Catalunya de les Cambres.

 Y, por supuesto, queda otro elemento crucial. El poder sacar de fábrica el producto y hacerlo llegar a su destino de forma rápida y lo menos costosa posible. Y ahí es donde la empresa, por bien que haya trabajado su logística se encuentra con un elemento externo en el que no puede actuar: las infraestructuras de transporte. Visto lo que explicaba Carles Castro diría que hemos mejorado las exportaciones a pesar de un freno tremendo, los cuellos de botella en carreteras ferrocarriles y accesos al puerto de Barcelona. Sólo añadir que las inversiones públicas en infraestructuras de transporte el año 2015 (último que se conoce) ejecutadas en Cataluña, supusieron el 9,9% de las realizadas en España y que desde el 2013 han supuesto el 11%, frente a la aportación del 19% de Cataluña al PIB español.

Otro de los aspectos de los que se quejan con razón las empresas catalanas es el precio de la electricidad que deben pagar y es superior al de sus competidoras europeas. Pues bien, desde 2108 la cosa se complica, según advierte la Cambra de Comerç de Barcelona. Según la misma, en el acuerdo firmado entre PP y PNV por la aprobación de los Presupuestos del Estado para el 2017, el Gobierno español se ha comprometido a englobar las tensiones de 30kV en 36kV en la tarifa 6.2 a sufrir de 2018, hecho que supondrá una pérdida directa de competitividad para las empresas catalanas. La consecuencia de ello, es que una empresa industrial suministrada en tensión de 25kV (la más habitual en Cataluña) acabará pagando un sobrecoste del 45% para el concepto de “peaje de acceso” y, como consecuencia, su factura eléctrica será entre un 15% y 20% superior a la de otra industria de las mismas características pero suministrada a 30kV (mayoritariamente ubicadas en el País Vasco, pero también en Navarra, Andalucía, Castilla y León, Cantabria o Asturias).

Lo dicho, el esfuerzo para seguir creciendo en la exportación desde Cataluña es titánico.